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FSC-CCOO Ferroviario | 10 junio 2023.
CCOO, junto con 14 organizaciones, comparece en el Congreso de los Diputados reclamando al Gobierno mayor ambición en la Ley de Movilidad Sostenible
La Puerta de los Leones del Congreso de los Diputados ha sido el escenario en el que CCOO, junto a 14 organizaciones sindicales, sociales, ecologistas y juvenil comparecieron ayer, ante los medios, para reclamar una Ley de Movilidad Sostenible eficaz para la descarbonización del sector transporte y a la transformación de la movilidad.
Acompañadas de representantes de los grupos parlamentarios de UP, ERC y EH Bildu, portavoces de las organizaciones han calificado de “decepcionante” y “falto de ambición y concreción”.
Según estas entidades, el proyecto de ley elaborado por el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) “no es más que una mera e inservible declaración de intenciones. Un supuesto paraguas más cercano a la defensa de intereses económicos que al objetivo para el cual se inició el proceso de elaboración de esta Ley”.
Para las organizaciones convocantes, el texto propuesto por el PSOE en el Congreso abandona “cuestiones clave como la vertebración territorial y la cohesión social, garantes del nuevo paradigma de movilidad hacia el que debemos avanzar”. Por ello, aducen, el texto propuesto por el PSOE “ha recibido el extraordinario número de 975 enmiendas para su modificación”.
La coalición de organizaciones ha enumerado algunas de sus demandas para poder superar las importantes carencias detectadas en el proyecto de ley:
· Incluir en su articulado la obligación de conseguir la neutralidad climática del sector transporte-movilidad lo antes posible y, siempre, antes del 2050. También establecer objetivos intermedios de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para el 2030 y 2040 en relación a los niveles existentes en 1990. Para ello, se debe articular una vinculación legislativa entre proyecto de Ley de Movilidad Sostenible con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima PNIEC.
· Concretar los mecanismos de financiación del transporte público que motivaron el compromiso de elaborar una nueva ley, necesarios más que nunca en un momento de crisis económica que ha justificado reducciones de tarifas para los usuarios pero que exige garantizar la calidad y sostenimiento del sistema, a largo plazo y de forma estable.
· Introducir elementos normativos para poner en marcha una fiscalidad justa del transporte.
· Recoger medidas específicas para garantizar que la movilidad sostenible llegue (y sea una opción elegible) al medio rural, debidamente adaptadas a la propia idiosincrasia de estos territorios.
· Integrar la eficiencia energética de tres formas:
1) optar por un sistema multimodal de transporte adecuado en términos de eficiencia que tenga como columna vertebral el transporte público y los tres modos más sostenibles: el peatonal, el ciclista y el ferroviario;
2) plantear la necesidad de poner a España al nivel de la UE en el porcentaje de mercancías transportadas por ferrocarril; y
3) otorgar la debida prioridad a la electromovilidad en el transporte de pasajeros y mercancías por carretera.
· Incluir medidas de reducción de los graves impactos sociales, ambientales y climáticos del transporte aéreo, como pueden ser la eliminación de los vuelos domésticos para los que exista una alternativa ferroviaria existente y adecuada en términos de tiempo de viaje, conectividad y seguridad.
· Establecer una hoja de ruta con objetivos concretos para el despliegue de combustibles renovables de cero emisiones derivados del hidrógeno verde para la aviación y el transporte marítimo, y eliminar la referencia explícita al uso de un combustible fósil como el gas natural licuado en este último.
· Defender y fomentar el ferrocarril, y eliminar el mecanismo que incluye el cierre de líneas de tren supuestamente “ineficientes”.
· Mejorar el planteamiento de los planes de movilidad sostenible al trabajo, para que reflejen la realidad del tejido empresarial de España.
· Dar prioridad a la movilidad activa frente a la motorizada, especialmente en la planificación del espacio urbano, y volver a incluir los conceptos de “cero emisiones”.
· Introducir medidas concretas que garanticen una transición justa, incorporar el concepto de “pobreza en el transporte” y emplazar al Gobierno para la elaboración de una Estrategia Nacional que diagnostique, prevenga y combata estas situaciones de vulnerabilidad.