Lo público y las personas como ejes de reconstrucción de la sociedad, derechos de la ciudadanía: una salida a favor de las trabajadoras y los trabajadores

  • FSC-CCOO ante la comisión parlamentaria para la reconstrucción social y económica

24/06/2020.
Lo público y las personas como ejes de reconstrucción de la sociedad

Lo público y las personas como ejes de reconstrucción de la sociedad

REACTIVACIÓN ECONÓMICA

El desarrollo de las infraestructuras de telecomunicaciones junto con el impulso de la I+D+i son las piezas básicas e imprescindibles para garantizar el avance en la digitalización de la economía. No se puede dejar el impulso de éstas vinculado sólo a la rentabilidad económica de las operadoras de telecomunicaciones, sino que desde las administraciones se han de habilitar mecanismos que garanticen que la cobertura de las redes de alta capacidad (1Gb) llega a todos y cada uno de los hogares y empresas de nuestro país, sean del tamaño que sean.

Para ello es necesario diseñar un escenario regulatorio estable y que proteja la inversión, que debería buscar la disminución y eliminación de la importante brecha digital existente en España y ayudar al desarrollo económico y social de las zonas rurales y de las localidades de menos de 10.000 habitantes, manteniéndose la garantía de acceso de toda la ciudadanía a los servicios públicos.

Con respecto a las infraestructuras de transporte y logística compartimos los objetivos generales que se señalan en el Libro Blanco del Transporte para 2050. En este sentido, consideramos que se debe priorizar el desarrollo de la Red Transeuropea de Transporte (TEN-T), especialmente en los corredores definidos.

Para que este cambio de modelo se pueda producir, se tienen que dar las condiciones necesarias para facilitar la interoperabilidad entre los diferentes modos de transporte. Hay que lograr mayor operatividad y capacidad de los medios de transporte (carretera, ferrocarril, mar y aéreo) más respetuosos con el medio ambiente y sostenibles económicamente.

Consideramos que resulta imprescindible y básica una apuesta decidida y real por la intermodalidad, paliando el déficit que actualmente presenta España en el transporte de mercancías por ferrocarril frente a la realidad del entorno europeo, incluyendo el desarrollo de las autopistas ferroviarias y el resto de interconexiones con los otros modos de transporte, singularmente con el transporte de mercancías por carretera que tiene también una función que cumplir, especialmente en la distribución de lo que se ha venido en denominar la última milla.

Para ello, los sistemas logísticos desempeñan un papel fundamental. Así mismo, es necesario impulsar el desarrollo del ferrocarril convencional de viajeros mediante las inversiones adecuadas como elemento vertebrador del territorio, conjuntamente con la capilaridad que aporta el transporte de viajeros por carretera.

Las inversiones actualmente centradas en la alta velocidad ferroviaria deberán reorientarse dando prioridad al transporte ferroviario de mercancías y convencional, así como hacia la finalización de las redes de interconexión o ejes estructurantes ferroviarios dentro de un contexto de desarrollo sostenible.
Al mismo tiempo, se debe dar prioridad a la inversión en actividades anexas al transporte, como mejoras en los sistemas de seguridad, regulación de tráfico, señalización y control, desarrollo de sistemas inteligentes de transporte, centros nodales, la interconexión con puertos, aeropuertos y ferrocarriles, aparcaderos ferroviarios; eliminación de cuellos de botella en el tráfico de mercancías por ferrocarril, conexiones con los grandes polígonos industriales y mejorar las áreas de descanso para el transporte de mercancías por carretera, entre otras.

Es preciso mejorar la cadena logística, las infraestructuras y el transporte, elementos fundamentales en los que la carencia de una visión global de los procesos logísticos por parte de las empresas, está generando ineficiencias en todo su desarrollo, porque ni la información ni los materiales fluyen correctamente.

La integración funcional del sistema de transporte en su conjunto mediante un enfoque intermodal tiene un carácter prioritario, como factor fundamental para lograr ese transporte sostenible, inteligente e integrado, anteponiéndolo a soluciones puntuales y economicistas.

Si queremos salir de la crisis económica que ha provocado la pandemia por COVID-19, la a prioridad para los próximos años deberá ser garantizar las necesarias inversiones en infraestructuras de transporte, manteniendo su titularidad pública; reequilibrar el sistema de transporte a favor de los modos más sostenibles y la potenciación de una movilidad eficiente hacia los centros de trabajo, potenciando las inversiones en la Red Básica de Mercancías y promoviendo el desarrollo y su plena integración e interoperabilidad de y con la Redes Transeuropeas de Transporte y su conexión con una red de plataformas logísticas de ámbito nacional, actualizadas e inteligentes.

Apostamos por la interoperabilidad en los recintos portuarios entre el transporte marítimo, ferroviario y de mercancías por carretera.

Defendemos el diseño de una política de transporte basada en la defensa de los servicios públicos de transporte, que promueva la calidad, con una mayor calidad en el ámbito socio-laboral y la sostenibilidad ambiental y económica. Una política de transporte en la que las empresas públicas deben ser el eje de este nuevo enfoque. Para ello debe garantizarse su mantenimiento en el ámbito público y certificar el cumplimiento estricto de las Obligaciones de Servicio Público de las que son titulares.

Defendemos el mantenimiento de las empresas públicas existentes y de sus ámbitos de actividad, incidiendo en mejorar su gestión para que el servicio público que prestan sea de la mejor calidad posible, que garantice no sólo el futuro de este servicio público, sino que preste al conjunto de la sociedad y al resto de sectores, como el sector industrial, los servicios necesarios para su desarrollo e incida en la mejora de la competitividad.

La falta de mantenimiento de una red de infraestructuras sigue creciendo año tras año. Consideramos imprescindible acabar con los recortes de las inversiones en este ámbito, hasta alcanzar un nivel en este mantenimiento que permita garantizar el buen estado de la totalidad del stock de infraestructuras.

Las infraestructuras son a la vez soporte y elemento impulsor del desarrollo, puesto que ordenan el espacio físico, permiten orientar e intensificar los flujos económicos y tienen un efecto de arrastre sobre la estructura productiva que contribuye decisivamente al crecimiento económico, generando efectos directos muy importantes sobre la producción y el empleo, al mismo tiempo que deben reforzar la cohesión económica y social y avanzar en la sostenibilidad ambiental de ese crecimiento económico.

No cabe duda de que la eficacia y eficiencia de estas inversiones sólo se pueden garantizar a partir de una adecuada planificación a medio y largo plazo, en un desarrollo que trasciende las legislaturas parlamentarias, por lo que apostamos por la puesta en marcha de un pacto de Estado en este ámbito, en el que participen las fuerzas políticas, junto con los agentes sociales y económicos más representativos del país, y que permita un amplio consenso. Todo ello complementado con la elaboración de diagnósticos sectoriales específicos, en el marco de observatorios y grupos estratégicos donde participen los agentes sociales y económicos.

Los planes de inversión en infraestructuras deben estar conectados con los planes estratégicos de la economía, especialmente con aquellos ligados a la reindustrialización del país.

En FSC-CCOO reivindicamos el carácter estratégico de la investigación, el desarrollo y la innovación, como factores imprescindibles en cualquier modelo de superación de la actual crisis y el desarrollo de un nuevo modelo productivo. Para ello es necesaria una apuesta presupuestaria que nos sitúe en un volumen de inversión en I+D+i homologable con los países europeos y que haga realidad la construcción de un nuevo patrón de crecimiento; el incremento de los recursos destinados al sector público y un mayor compromiso e implicación de la empresa privada en la investigación y especialmente en la innovación, lo que también exige un marco legal estable.

Además de estas medidas resulta imprescindible asegurar fondos públicos para la investigación y su relación con la innovación; asegurar el futuro de los organismos públicos de investigación y su personal; fortalecer los recursos humanos del sector público de I+D; disminuir su precariedad y rejuvenecer las plantillas.

El turismo es vital para el desarrollo de nuestra economía, un importante motor económico que representa el 12,3% del PIB, en el que trabaja el 13% de la población ocupada del país y del que dependen en gran medida la hostelería, la restauración, el transporte, el ocio o la cultura. España es uno de los países que más va a sufrir las consecuencias de la pandemia por su tejido empresarial dominado por las pequeñas empresas, la elevada precariedad laboral y una estructura productiva altamente dependiente del sector turístico y de servicios.

Para salir de esta situación sin dejar a nadie atrás va a ser importante el papel que jueguen las organizaciones sindicales, ya la negociación colectiva supraempresarial debe convertirse en soporte básico donde plasmar criterios de actuación sectoriales comunes, ya sea a nivel estatal o autonómico o local para garantizar una efectividad y equidad de las medidas propuestas. El mantenimiento del empleo y su calidad se hacen imprescindibles en el nuevo escenario económico.

Por eso proponemos la creación o activación de los observatorios sectoriales con capacidad de intervención e influencia institucional, que se conviertan en espacios para llegar a acuerdos donde se concreten y materialicen las medidas de recuperación de los sectores más afectados por la crisis sanitaria y que evalúen el éxito de las medidas adoptadas tanto en el ámbito sectorial como en las empresas, para comprobar que tienen como objetivo final el mantenimiento del empleo y las condiciones laborales, así como para estudiar y valorar los retos que suponen la implantación del teletrabajo en el mantenimiento de las condiciones laborales.

Así, desde el punto de vista de FSC-CCOO la recuperación económica ha de pasar por revertir la curva de caída de producción, proteger el empleo y la salud de las personas trabajadoras y por la recuperación sobre unas bases sólidas que nos protejan de crisis futuras.

Para conseguirlo en las mejores condiciones posibles proponemos negociar planes de contingencia, considerar a los y las trabajadoras del transporte colectivo de alto riesgo, para que cuenten con el material y las medidas de protección adecuadas y puedan acceder a lugares desinfectados que dispongan de servicios de higiene personal, alimentación y descanso; la designación de puertos para el desembarco y los cambios seguros de la tripulación, una mayor cooperación y coordinación de los servicios de la Comisión Europea para dar solución a la gente de mar, pescadores o tripulantes varados en terceros países o en buques que no ha podido obtener permiso para atracar o que se eviten los eventos multitudinarios hasta que nos se cuente con plenas garantías de que no habrá contagios.

Las empresas relacionadas con el sector turístico necesitan de inyección económica para hacer frente a sus problemas de liquidez y poder salir de la crisis, pero estas ayudas han de estar condicionadas al mantenimiento del empleo y al respeto de las condiciones laborales, para lo que proponemos la constitución de mesas de seguimiento con presencia sindical para verificar y controlar estos planes de ayuda, que deberían incluir la prolongación de los ERTE de manera no generalizada, asegurando que en los sectores que se van a recuperar de una forma más lenta no se exige carencia para acceder a las prestaciones por desempleo y que no consuman días de paro y que se protege a los colectivos con condiciones laborales precarias y alta inestabilidad laboral, como los fijos discontinuos, muy comunes en el sector turístico y en la cultura.

Fortalecer los servicios públicos para atender las necesidades sociales, con especial atención a los que presta la Administración Local por ser la más cercana a la ciudadanía, es decir, la más capaz de tejer una red de seguridad para las personas más sensibles a las consecuencias de la crisis en el turismo.

Asimismo, se debe destinar personal a los servicios de empleo para que las personas puedan cobrar sus prestaciones sin demora e impulsar la coordinación entre administraciones, ya que la magnitud del problema va a requerir el máximo consenso y trabajo para rentabilizar al máximo los recursos disponibles, evitar duplicidades y garantizar la eficiencia de los mismos.

Pero también será necesario pensar en la recuperación sobre unas bases sólidas que nos protejan de crisis futuras, pensando en la necesidad de un cambio de modelo productivo, reactivando la economía hacia modelos productivos sostenibles y de calidad.

La aportación de fondos públicos y ayudas a los sectores productivos no pueden centrarse únicamente en bonificaciones y mantenimiento de empresas hasta que recuperen cuotas de mercado capaces de generar empleo. El esfuerzo debe ser de carácter bidireccional y las empresas tienen que apostar por otros modelos productivos no dependientes de subvenciones y ayudas públicas.

La desaparición -por desgracia- de muchas pymes y micropymes, o su reorganización y profesionalización, debería dar paso a un tejido productivo de empresas capaces de soportar situaciones de riesgo como la presente. Esta crisis sanitaria ha dejado en entredicho a las empresas con banderas de conveniencia, empresas buzón o el dumping social.

Deberíamos plantearnos propuestas normativas sobre el mercado único europeo ya que esta crisis ha dejado al descubierto la necesidad de un desarrollo del transporte intermodal de bienes y mercancías, de seguir desarrollando infraestructuras digitales para garantizar el acceso a la información y aminorar la brecha digital, y que los estados tengan capacidad de autoabastecimiento de bienes y servicios que con el COVID-19 han adquirido de nuevo el calificativo de esencial.

En este sentido desde FSC-CCOO apostamos por la paralización de la reforma del cielo único europeo, que se incluya a la comunidad de agencias de viajes y alquiler de vehículos en todas y en cada una de las medidas que se tomen en apoyo del sector aéreo, ya que actúan en calidad de mandatarios de las aerolíneas y son un componente crítico para su distribución y que las bonificaciones en el precio de los billetes a los residentes en territorios insulares tengan una plasmación en el precio final.

El objetivo de estas propuestas es garantizar la viabilidad económica de las compañías aéreas para la realización de vuelos interinsulares, domésticos e internacionales a los destinos canarios y evitar precios disuasorios tanto para residentes como para visitantes que podrían alcanzar en el mercado las tarifas aéreas.

Garantizar el servicio público mediante el establecimiento de conexiones mínimas y precios máximos entre islas y territorio insular, revisando las condiciones actuales para garantizar la concurrencia de compañías licitadoras que cubran dichos servicios; potenciar el turismo interno, como primer plan de choque, estableciendo precios competitivos y ayudas directas para las y los ciudadanos que quieran viajar.

Dar prioridad al turismo nacional en las acciones puestas en marcha por las Administraciones en materia de vacaciones, campamentos; promover un espacio marítimo europeo, donde todos los servicios de envío que operan en aguas de la UE sigan la legislación de la UE y/o de los Estados miembros para ofrecer condiciones de empleo justas para toda la tripulación, independientemente de su nacionalidad o lugar de residencia.

Una política de movilidad de mercancías y viajeros por carretera real entre los distintos países de la UE, evitando atascos, la paralización de las mercancías y viajeros y el dumping social. La paralización de los procesos de liberalización de servicios esenciales en transporte ferroviario y el transporte urbano, para garantizar la competencia en las mismas condiciones. La gestión pública de estos servicios ha demostrado ser más eficaz y eficiente, como lo ha demostrando a lo largo de la crisis COVID-19, por lo que desde FSC-CCOO creemos que es el momento de recuperar la titularidad 100% pública del gestor aeroportuario AENA, que debe convertirse en garante del servicio público del derecho a la movilidad y a la vez erigirse en un motor económico al servicio de la sociedad.

POLÍTICAS SOCIALES Y SISTEMA DE CUIDADOS

Los servicios públicos constituyen la base fundamental para garantizar el acceso en términos de igualdad a los derechos básicos reconocidos en la Constitución y esta crisis ha evidenciado claramente que se deben reforzar, asegurando las condiciones de trabajo de las empleadas y empleados públicos.

El marco de referencia para la reforma, modernización y ordenación del sector público, debe considerar, entre otras bases la intervención pública en la ordenación, impulso y gestión de la actividad económica estratégica y en los servicios de interés general, como instrumento de desarrollo económico y cohesión social; la elaboración de una carta de derechos y servicios públicos de la ciudadanía; la fiscalidad y suficiencia financiera de las distintas administraciones y la ordenación del territorio, como base material para una distribución de competencias y configuración del mapa institucional, basada en criterios de proximidad, eficiencia y participación social.

La descentralización del Estado no es el problema, sus virtudes son innegables y lo que procede es avanzar en los niveles de corresponsabilidad entre administraciones, estatal, autonómica y local, para afrontar la situación actual. La manera con la que se han producido algunos de los procesos de transferencia de competencias a las comunidades autónomas ha determinado un predominio del enfoque económico sin la existencia de un proyecto de coordinación y cooperación eficaz para alcanzar una perspectiva de conjunto eficiente.

En el caso de las administraciones locales, que son las más próximas a la ciudadanía y, por ello, las que mejor pueden prestar buena parte de los servicios públicos, deben contar con un mapa de competencias que reconozca su papel en la prestación de dichos servicios y un sistema de financiación estable y suficiente.

Entendemos que es necesario abordar un gran pacto de Estado para una reforma de las Administraciones Públicas sustentada en bases no coyunturales, instalada estas exclusivamente en la gestión de la crisis o en simples medidas de agilización, que dé respuesta a las demandas ciudadanas de eficiencia, participación y transparencia en la gestión. Igualmente es necesario preservar la gestión de los datos de la ciudadanía, para que no sean objeto de mercantilización, por la administración, lo que hace imprescindible la constitución de un organismo público bajo la supervisión del Gobierno y las comunidades autónomas.

Para reforzar los servicios públicos y asegurar las condiciones de sus profesionales resulta imprescindible cumplir con los acuerdos para la mejora del empleo público y condiciones de trabajo, culminar los procesos OEP, estabilización y consolidación.

También hay que desarrollar los planes de empleo necesarios para acometer el rejuvenecimiento de las plantillas y normas que permitan acabar con la lacra de la precariedad laboral que supone la temporalidad y su abuso en el ámbito de las administraciones públicas. También es necesario continuar con la recuperación de los derechos perdidos de los empleados públicos.

Por último, es necesario acometer un ambicioso proceso para devolver a la gestión pública directa los diferentes servicios, en especial en aquellos sectores que más han sufrido la catástrofe de la privatización, que ha supuesto una mayor precarización del empleo y también una pésima prestación del servicio, con riesgo para las personas usuarias que ha llegado a unos niveles intolerables en una sociedad democrática social y de derecho como es la nuestra.

En los casos en los que no se opte por la reversión a la gestión directa, hay que establecer sistemas efectivos de evaluación y control de los mínimos de calidad, que incluyan una sustancial mejora de las condiciones laborales y salariales del personal que los presta.

No podemos dejar de recordar sectores especialmente vulnerables como el de la atención e intervención social, competencia autonómica, provincial y municipal, que necesita un plan extraordinario para atender la emergencia social derivada de la crisis del coronavirus, con la dotación presupuestaria necesaria, que se ejecute con criterios de agilidad y de confianza en las y los profesionales de los servicios sociales y que incluya las contrataciones urgentes imprescindibles para atender al aumento de demanda por parte de la ciudadanía más vulnerable.

Además, es necesario poner los medios para proteger adecuadamente a las plantillas y a los usuarios y usuarias de los servicios sociales en el plano de salud laboral y prevención de riesgos y que la atención directa se haga compatible con el teletrabajo en todas las tareas en las que no es imprescindible la atención presencial.

Creemos necesaria una intervención política la recuperación del sector cultural del país, desde los medios de comunicación a la industria del ocio y por supuesto la cultura -pública y privada- y el deporte, que se pueda financiar por medio de un impuesto a los gigantes de la tecnología o reformando la legislación para conseguir que empresas como Facebook o Google paguen por usar el contenido de los medios de comunicación, como se ha hecho en países como Australia.

Es el momento de impulsar un gran pacto por la cultura como servicio público, se preste por empresas públicas o privadas, así como poner en foco en la precariedad de un sector poblado de trabajadores atípicos y con una regulación muy deficiente. Hay que garantizar el acceso de la población a la lectura, la música, el teatro, el cine o cualquiera de las artes escénicas, sin tener en cuenta sus condicionantes económicos, y que ponga en valor el derecho de los ciudadanos a una información veraz y de calidad, tal como se recoge en la constitución española.

Músicos, actores, escritores, periodistas y otros creadores necesitan una regulación que garantice la realización de su trabajo en unas condiciones laborales mínimas, con respeto a sus derechos de autoría e interpretación, en cumplimiento de la nueva normativa europea en este sentido, con coberturas sociales y que regulen profesiones plagadas de trabajadores intermitentes que no trabajan el número suficiente de días al año como para incluirse en ninguno de los regímenes de la seguridad social existentes en nuestro país.

Modelos como el francés, en el que los trabajadores intermitentes de la cultura y las artes escénicas, y los periodistas frelancer tienen reconocidos sus derechos como el resto de los trabajadores, nos recuerdan cada día que es posible regular este tipo de profesiones con trabajadores atípicos, garantizando la supervivencia del acceso a la cultura o a la información, y la de sus trabajadores en unas condiciones dignas.

Retomar la Ley sobre el INAEM, para garantizar que siga siendo un organismo público; la creación del Cuerpo de Facultativos de Restauración y revertir el proceso de pérdida de plantillas en este ámbito para garantizar un servicio público adecuado, sobre todo en archivos o museos, donde peligra la garantía del servicio, son otros de los puntos en los que hay que focalizar la atención al sector publico cultural por crisis del COVID-19, así como en el refuerzo y mejora de la Filmoteca nacional, que en la situación actual no garantiza la correcta conservación de nuestro patrimonio audiovisual.

La reversión de las privatizaciones en el ámbito, son imprescindibles también en el ámbito de la cultura, donde la externalización de muchos servicios supone una merma para la garantía del servicio público y durante esta pandemia se ha puesto de manifiesto la necesidad de recuperarlos para que sean realizados por empleados y empleadas públicos.

Para terminar, creemos que es el momento de trabajar decididamente para apoyar a la prensa local independiente y de calidad como garante del derecho a la información y por el papel que desempeña como sistema de alerta temprana en las emergencias de salud pública, en línea de lo que se está haciendo en la UE. No estamos hablando de ayudas directas, de recortes en el impuesto de sociedades o de recompra de acciones, sino de medidas de emergencia específicas que pongan a más reporteros sobre el terreno para proporcionar al público información fiable.

En línea con lo planteado por la Federación Europea de Periodistas (EFJ), apostamos por medidas de apoyo a los medios de comunicación comprometidos con la cobertura local, destinadas a mantener los puntos de venta y los puestos de trabajo en unas condiciones laborales dignas y que no haya dinero público para empresas que bloquean la organización sindical de sus trabajadores, despiden o recortan salarios, para dar bonos a los ejecutivos o repartir beneficios.

Apostamos por un plan de fomento de la lectura de la prensa local por medio de bonificaciones a suscripciones en línea o impresas para jóvenes de 13 y 18 años, que creen hábitos de lectura perdurables que estabilicen el sector a largo plazo, por focalizar en los medios locales la inversión estratégica de publicidad de los distintos gobiernos (central, autonómico y local) y por la puesta en marcha de fondos de innovación para apoyar el periodismo local basado en el compromiso con la audiencia de los jóvenes, el diálogo intracomunitario y la diversidad.

Las condiciones de las trabajadoras y trabajadores del sector de la inmigración, como garantes de los derechos humanos de las personas que llegan hasta nuestras fronteras, es otro de los puntos sobre los que no podemos pasar sin parar haciendo un especial hincapié en la necesidad de afrontar los desafíos relacionados con el movimiento de personas de fuera de la UE, que nos llevaron a intentar blindar físicamente nuestras fronteras con iniciativas como la construcción del llamado ‘muro de la vergüenza’ de Melilla, para impedir la llegada de personas de países africanos a Europa, que supuso la repulsa del Comisionado Europeo de Derechos de la Unión.

Después de una pandemia que no ha demostrado más que nunca que los virus no entienden de fronteras, desde FSC-CCOO necesitamos abordar una reforma profunda en el sistema que atiende a los migrantes para reforzar la protección de nuestras fronteras desde el respeto a los derechos humanos, sin criminalizar a los inmigrantes y paliando los principales factores que condicionan la situación y calidad de los servicios de acogida, como la carencia de personal, la falta de recursos materiales suficientes para hacer frente a las necesidades de los servicios y las condiciones laborales de las personas que trabajan en ellos.

Es el momento de mejorar la coordinación institucional entre las diferentes administraciones competentes (estatal, autonómica y local), diseñando políticas con visión global y estratégica, protocolos de colaboración y de intervención directa con las personas inmigrantes, para solventar un insuficiente aprovechamiento de los recursos y carencias en los procesos de derivación entre servicios.

La necesidad de más personal, para responder a las necesidades de servicios que provoca graves problemas de saturación, deficiencias en la atención y una enorme presión física y psicológica en las personas trabajadoras que afecta a su salud y calidad de vida y que, aunque se produce en todos los servicios, aunque es mucho más grave y acuciante en los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla, oficinas de extranjería, la OAR, centros de menores y en el servicio de salvamento marítimo.

Esta deficiencia de personal trae consigo problemas de salud laboral, sobre todo en materia de riesgos psicosociales, como consecuencia de la sobrecarga de trabajo, la violencia en el trabajo (maltrato físico y verbal) y la carga psicológica derivada del trabajo con colectivos vulnerables. Estos factores se agravan por la falta de formación, un elemento básico para el desarrollo de las capacidades y habilidades profesionales y está directamente vinculado con la mejora del trabajo y de la calidad de los servicios.

Por último, deberíamos pensar en que ha llegado el momento de revertir la externalización de la gestión y recursos que afectan de forma clara y determinante a la calidad de servicios y a las condiciones laborales de su personal, ya que en ellos se priman las cuestiones económicas por encima de la calidad técnica de las propuestas de licitación, lo que hace que en ocasiones ganen ofertas temerariamente a la baja, que conllevan menor estabilidad en el empleo, fórmulas de contratación atípicas (‘falsos autónomos’) y condiciones salariales precarias.

UNIÓN EUROPEA

En un momento como este, en el que la crisis económica provocada por la pandemia del COVID-19 amenaza por a todos los países de la UE es más importante que nunca mantener unos objetivos comunes que refuercen el modelo europeo y que nos permitan salir de esta crisis a la misma velocidad y sin dejar a nadie atrás.

Por este motivo para FSC-CCOO es imprescindible que desde el Estado Español se presione a las instituciones de la UE para que sean más flexibles que nunca en la aplicación de determinadas normas comunes que puedan suponer un perjuicio para los estados miembros o que no puedan garantizar una justa competencia o los derechos de los trabajadores, por los distintos niveles de impacto que ha tenido el parón económico provocado por la pandemia en los distintos estados miembros.

Hablamos por ejemplo de la regulación del la estiba en España, paralizada por el Estado de Alarma, o la liberalización del servicio de alta velocidad ferroviaria, que no se podrá realizar en las mismas condiciones para las empresas españolas, italianas o francesas, por la paralización del transporte que no ha permitido poner en marcha los nuevos modelos que traerá consigo esta liberalización, perjudicando a unas empresas sobre otras.

Consideramos imprescindible también que el Estado Español haga todo lo posible para que la UE ponga en marcha planes de apoyo a sectores que garantizan derechos fundamentales como la atención social, sanitaria y migratoria o el plan para la reactivación y el apoyo a la prensa local independiente y de calidad, como garante del derecho a la información y por el papel fundamental que desempeña como sistema de alerta temprana en las emergencias de salud pública, dada la evidencia de un fallo del mercado en la oferta de buen periodismo independiente y de noticias de interés público a nivel local en toda la UE, para colmar las lagunas que existen y ayudar a salvar la democracia local.

 

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