FSC-CCOO Ferroviario | 10 julio 2026.

La gravedad de lo ocurrido en las pruebas de ingreso de Operador Comercial obliga a recabar el criterio de la Abogacía del Estado

  • CCOO ha defendido que cualquier decisión debía adoptarse con el máximo rigor jurídico y sobre la base de toda la información disponible
  • Hay que revisar en profundidad el proceso de selección
  • Deben depurarse las responsabilidades que correspondan

30/06/2026.
Examen.

Examen.

La situación generada durante el proceso selectivo de Comercial en el Grupo Renfe ha alcanzado una dimensión que exige la máxima responsabilidad. La excepcionalidad de los hechos y la complejidad jurídica del expediente han llevado al Tribunal de la convocatoria a acordar la remisión íntegra de la documentación a la Abogacía del Estado para que emita el correspondiente informe jurídico antes de adoptar una decisión definitiva.

No se trata de retrasar el procedimiento, sino de garantizar que cualquier decisión se adopte con el máximo respaldo jurídico, con garantías y pleno respeto a los principios de igualdad, mérito, capacidad y seguridad jurídica que deben regir el acceso al empleo en una empresa pública como Renfe.

Sin embargo, el mero hecho de haber llegado a esta situación supone ya un grave perjuicio para todas las personas participantes. Cientos de aspirantes continúan viendo condicionado su futuro profesional por unas incidencias que nunca debieron producirse y que han generado un daño evidente a la confianza en el proceso selectivo y a la imagen de Renfe.

Desde CCOO, queremos trasladar un mensaje claro: las personas aspirantes no son responsables de lo sucedido. Quienes participaron en esta convocatoria lo hicieron confiando en que las pruebas se desarrollarían con todas las garantías exigibles. Esa confianza no puede verse comprometida por deficiencias en la organización y gestión de un proceso de selección en el sector público.

CCOO puso en conocimiento de Renfe las incidencias detectadas antes de la publicación del listado provisional de calificaciones y ha defendido en todo momento que cualquier decisión debía adoptarse con el máximo rigor jurídico y sobre la base de toda la información disponible. La solicitud de informe a la Abogacía del Estado responde precisamente a ese objetivo: garantizar que la resolución final se adopte con todas las garantías y ofrezca la mayor seguridad jurídica posible.

Pero lo ocurrido no puede quedar ahí. Esta situación obliga a revisar en profundidad el proceso de selección. La elaboración, custodia, organización y corrección de las pruebas constituyen elementos críticos del procedimiento y deben desarrollarse bajo un control mucho más intenso por parte de la propia empresa. Los ejercicios psicotécnicos y de conocimientos deben proceder de bancos de pruebas inéditos para cada convocatoria, reservándose en todos los casos el Grupo Renfe la propiedad intelectual de los mismos o, en su caso, la cesión de los derechos de su uso, toda vez que, salvaguardando el principio de transparencia, ha de publicar las plantillas correctoras y cuadernillos de preguntas de los mismos. Además, deben establecerse mecanismos de trazabilidad y supervisión que impidan que hechos como los conocidos vuelvan a repetirse.

Asimismo, una vez esclarecidos plenamente los hechos, deberán depurarse las responsabilidades que correspondan a la empresa adjudicataria encargada de la organización, gestión y realización de las pruebas, así como, en su caso, a su personal o colaboradores, sin perjuicio del ejercicio de las acciones que procedan por los posibles incumplimientos de las obligaciones contractuales asumidas.

Esta convocatoria debe marcar un antes y un después. CCOO seguirá ejerciendo con la máxima exigencia su función de control y fiscalización para que los procesos selectivos del Grupo Renfe ofrezcan las garantías que merecen las personas aspirantes y la propia empresa pública. 

Recuperar la confianza exige algo más que resolver esta convocatoria: exige aprender de lo ocurrido y adoptar las medidas necesarias para que no vuelva a suceder.